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El Poder Judicial de la Federación es uno de los tres poderes de la Unión en los que divide el ejercicio del gobierno en México. Está integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, los Juzgados de Distrito, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Tribunales Unitarios de Circuito. Sus fundamentos se encuentran en el Título III, Capítulo IV (abarcando catorce artículos) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El Jurado Federal de Ciudadanos y los tribunales de los Estados y de la Ciudad de México, pueden actuar en auxilio de la Justicia Federal, en los casos previstos por la Constitución y las leyes.
La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral, está a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. En este poder y su conjunto de órganos, se deposita la facultad de impartir justicia en todos los aspectos institucionales del estado mexicano; la aplicación de las normas y principios jurídicos en la resolución de conflictos; y en todos los ámbitos de la aplicación del Derecho y la interpretación de las leyes en la sociedad (civil, penal, constitucional, mercantil, laboral, administrativo, fiscal, procesal, etc.)
Dirección del Consejo de la Judicatura Federal
Av. Insurgentes Sur 2417, Tizapán San Ángel, San Ángel,
Álvaro Obregón, 01000 Ciudad de México, CDMX
Aunque es parte del derecho civil, en la entidad es una materia autónoma, de manera que se encarga de velar, mediante el reconocimiento de derechos y la imposición de obligaciones, las bases sobre las cuales se fundamenta el funciomamiento de toda familia, a fin de proteger a cada uno de sus miembros y, en consecuencia, a la sociedad donde se desenvuelven.
Los jueces dedicados a esta rama del Derecho se encargar de resolver divorcios, pensiones alimenticias, adopciones, restituciones internacionales, pérdida, suspensión o restricción de patria potestad; reconocimiento, desconocimiento o contradicción de paternidad, guardas y custodias, sucesiones (herencias), sociedades conyugales, régimen patrimonial (bienes separados o mancomunados), medidas de protección por violencia, entre otros.
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